Los agricultores tienen aún pendiente de cobro más de 30 millones de euros correspondientes al pago de expropiaciones con resoluciones judiciales firmes, algunas de ellas iniciadas hace ya siete años, según denunció ayer el colegio de ingenieros agrícolas Coitavc, durante unas jornadas de expertos para analizar el desarrollo del nuevo reglamento de la Ley del Suelo, en su aplicación a las terrenos rurales.
Al parecer, la mayor parte de esta deuda procede del ministerio de Fomento y está relacionada con infraestructuras viarias, especialmente de la A-38 (Sueca-Cullera) y de la variante Benicarló-Vinaròs. También la Administración autonómica tiene aún pendientes de pago numerosas expropiaciones realizadas para la autovía de Ademúz (CV-35). En total, la deuda contraída por el ministerio de Fomento con los agricultores de toda España por las expropiaciones supera los 715 millones de euros.
El problema, según explican fuentes del colegio de ingenieros agrícolas, es que los propietarios de los terrenos se ven obligados a abandonar sus campos y dejar de obtener rentabilidad en el mismo momento en que se hace oficial la expropiación, y en muchos casos, hasta que consiguen cobrar, transcurren entre tres y seis años. Uno de los ejemplos es la A-38, la infraestructura se encuentra en pleno funcionamiento y los expropiados desconocen cuando llegarán a cobrar. En este caso, como señalan desde el Coitavc, "son los titulares del territorio los que están financiando al Estado aún habiendo perdido sus tierras y la capacidad de producción".
Desde las organizaciones como la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) se considera que esta situación es insostenible, especialmente en estos momentos, con los precios de los productos del campo por los suelos. "Es una situación que no se puede mantener por más tiempo y que termina originando el perjuicio a los de siempre, los agricultores".
Pero si el problema es grave con las expropiaciones de infraestructuras, no lo es menos con las destinadas a la servidumbre de paso, como ocurre con el gasoducto que une Paterna y Tivissa (Tarragona), que afecta a más de 2.500 parcelas, 2.000 de las cuales se encuentran en la provincia de Castelló. En este caso, cuando se llega a cobrar, sólo pagan una parte del terrero, pero a pesar de ello no se puede cultivar.

La Unió denuncia las ayudas por heladas
La Unió de Llauradors denunció ayer que el proyecto de Orden de la Generalitat que regulará las ayudas por las heladas de febrero únicamente contempla -como el del Gobierno central- medidas de apoyo a la financiación que supondrán "un incremento o alargamiento del endeudamiento de los afectados que beneficiará sólo a las entidades financieras". Por ello, ha presentado ya alegaciones para mejorar esta normativa. Además, lamenta que sólo se apoye a aquellas parcelas de cítricos afectadas gravemente de daño en madera, algo evidente por la pérdida de capacidad productiva para los próximos años pero "insuficiente" porque "si hasta dentro de unos cuatro años no van a tener producción, resulta imposible que tengan la capacidad de devolver los préstamos". Agroseguro valoró en su día los daños por heladas en producciones aseguradas de la Comunitat Valenciana en 60 millones. Sin embargo la Generalitat apenas prevé destinar como máximo unos 3,3 millones. e. p. valencia